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Auto de procesamiento en el caso de los ERE

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Re: Auto de procesamiento en el caso de los ERE

Mensaje por Zetaparo el Jue 02 Jun 2016, 10:29


 


"Respetar la presunción de inocencia", fueron las palabras más parecidas a una defensa que pudieron encontrarse en la declaración del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien destacó que Manuel Chaves y José Antonio Griñán "ya asumieron sus responsabilidades" al renunciar el año pasado a sus escaños en Congreso y Senado, y "no hay nada más que añadir", dijo Sánchez, evitando hacer una enarbolada defensa de la honestidad de los dos ex presidentes de la Junta de Andalucía como sí hizo su número dos, Antonio Hernando.



En rueda de prensa desde Santander tras conocerse el procesamiento de 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, el líder socialista sí hizo por contra otra defensa: la de la contundencia de la actual dirección del PSOE frente a la corrupción al ser preguntado si al partido le pasará factura este procesamiento en las urnas el 26J. "El PSOE está respondiendo con contundencia a los niveles de exigencia que la ciudadanía están exigiendo a sus representantes políticos. Yo creo que eso es algo que estoy convencido que los ciudadanos están viendo en la ejecutiva federal que yo dirijo".



Una proclama en clave electoral que radica en su orgullo de que "el PSOE tiene un código ético exigente". Un código ético que precisamente fija en la apertura de juicio oral el momento procesal oportuno para ser expulsado del partido socialista y que ha motivado el paso al frente de Chaves y Griñán para evitar el escarnio público de ser expulsados del PSOE.



La tibieza del secretario general del PSOE con quienes fueran los dos tótems del socialismo andaluz y nacional, tras haber ostentado también la presidencia del partido socialista, se hizo visible al comenzar su declaración con un "respeto al trabajo de los jueces, a diferencia del "PP que cuestiona el trabajo de los jueces". Y, desde el punto de vista político, sólo destacó que "es evidente que el señor Chavez y Griñán asumieron su responsabilidad política el año pasado y en consecuencia no hay mas que añadir".



Preguntado posteriormente sobre la honorabilidad de ambos ex altos cargos socialistas, añadió escuetamente: "Yo creo que hay que respetar el principio de presunción de inocencia". Y daba a entender que ha habido conversaciones de la dirección de Ferraz con ambos al asegurar que "tanto Chavez como Griñán estos últimos días han dicho y anunciado que se dan de baja de militancia".



Díaz, convencida de su inocencia


Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sí se ha mostrado convencida de que la justicia aclarará que Chaves y Griñán son dos personas "inocentes" y "honradas".

En declaraciones a los periodistas, antes de participar en un acto de su partido en Córdoba, Díaz ha manifestado que ella "nunca" habla "de los autos" judiciales "y no voy a cambiar hoy -ha dicho-".

"Sí voy a decir dos cosas en las que creo. Lo primero que son dos personas honestas y que nunca se han beneficiado de los cargos que han ocupado. Lo contrario, siempre lo han ejercido con honestidad", ha apostillado Díaz.


El PP celebra el procesamiento de Chaves y... von libertaddigitaltv

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Re: Auto de procesamiento en el caso de los ERE

Mensaje por Zetaparo el Vie 03 Jun 2016, 10:20


Auto de procesamiento en el caso de los ERE

http://www.libertaddigital.com/documentos/procesamiento-andalucia-41913421.html

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6
DE SEVILLA
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIAS PREVIAS Nº 6645/15
En Sevilla, a 31 de mayo de 2016, vistos por D. Álvaro Martín Gómez,
magistrado, los autos de Diligencias Previas nº 6645/15, seguidos en
este juzgado, procede al dictado de la siguiente resolución:
AUTO
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO
.- En su día se presentó en este Juzgado testimonio
de actuaciones en los que se narraban unos hechos que presentan
características que hacían presumir la posible existencia de una
infracción penal, incoándose las correspondientes Diligencias Previas
con número del margen.
SEGUNDO.-
Se han acordado todas las diligencias de
investigación indispensables para la determinación de la naturaleza y
circunstancias del hecho delictivo, las personas que en el mismo han
participado y el órgano competente para su enjuiciamiento, resultando
innecesario a tal fin la práctica de nuevas actuaciones instructoras,
toda vez que la práctica de aquéllas ha determinado la posible
existencia de un delito continuado de prevaricación.
HECHOS
PRIMERO.
Entre los años 2000 y 2011 se implantó y mantuvo desde
el gobierno de la Junta de Andalucía y en el área de la Consejería de
Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha
venido en denominarse “procedimiento específico”, cuyo objeto era
eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los
mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta
de Andalucía, para la disposición de las partidas presupuestarias
destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no
determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros, destinados en

principio a ser distribuidos a través de subvenciones a empresa para
financiar el coste de despido colectivo de trabajadores, o de
subvenciones a empresas con fines distintos a aquél, o de
subvenciones a personas físicas afectadas por un expediente de
regulación de empleo, y que fueron objeto de un reparto discrecional o,
incluso, arbitrario.
Este procedimiento se caracterizaba por tener como consecuencias y
fines los siguientes:
1º. Eludir la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta
de Andalucía, la cual es propia de todo procedimiento de subvención.
2º. Omitir el régimen aplicable en relación a la autoridad competente
para la concesión de la subvención.
3º. Ausencia de bases reguladoras de la subvención, así como de
convocatoria pública para su conocimiento por todo interesado en
acceder a ella.
4º. Falta de control del cumplimiento, por parte del solicitante de la
subvención, de los presupuestos o condiciones para disfrutar de la
ayuda.
5º. Infracción de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad,
transparencia, igualdad y no discriminación que es exigible en todo
procedimiento de subvención conforme a lo dispuesto por la Ley
general de Subvenciones (5/1983 y 38/2003).
6º. Ausencia de un control posterior del destino dado a la subvención,
vía oportuna justificación por parte del beneficiario.
De este modo, a través de este procedimiento se dio ocasión a que,
por motivos ajenos al interés general, se pudiese disponer de aquella
cantidad con fines distintos a los propios de las ayudas a empresas y
personas, a que se diesen en favor de entidades o personas que no
reunían presupuestos para acceder a la misma y a que se pudiesen
conceder subvenciones en cuantía improcedente por iguales motivos,
todo ello mediante la inclusión en los expedientes de personas ajenas
a las empresas afectadas, los denominados intrusos, mediante el
abono de comisiones indebidas a terceras personas, las denominadas



sobrecomisiones, mediante la asunción por la Administración de
obligaciones económicas de las empresas, sin justificación ni criterio,
o como mera liberalidad.
El mecanismo fundamental de elusión del sistema ordinario de
disposición sobre esta cantidad, el propio de la concesión de
subvenciones previsto en la Ley 38/2003 Ley general de Subvenciones
y en la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Andaluza,
consistió en emplear el instituto IFA-IDEA como pagador de las ayudas
sociolaborales y a empresas concedidas desde la Consejería de
Empleo.
Así, al presentar la disposición de fondos como procedente de la
Consejería de Empleo a favor de este instituto y a través de
transferencias de financiación, el control de la Intervención General de
la Junta de Andalucía se limitaba a la comprobación de la existencia
de saldo suficiente dentro del concepto presupuestario específico para
tal fin, a la de la emisión de la orden de traspaso hacia IFA-IDEA, y a la
de que todo ello se verificase conforme a un calendario de pagos
autorizado por la Dirección General de Tesorería.
Por otra parte, al aparecer IFA-IDEA como mera caja de pagos no
resultaba de aplicación el régimen ordinario propio de los casos en los
que este instituto era el concedente de la ayuda, es decir, no era
aplicable el control previo de: existencia de crédito presupuestario
adecuado y suficiente, competencia de la autoridad concedente,
existencia y publicidad de las bases de la subvención, convocatoria
pública de la misma, recepción de solicitudes, comprobación del
cumplimiento de los requisitos del solicitante, resolución de concesión,
control del cumplimiento del destino propio de la ayuda..., limitándose
el control en IFA-IDEA a comprobar que desde la Consejería de
Empleo se había ordenado el pago y que éste tenía lugar conforme al
convenio existente entre el Instituto y la Consejería.
En definitiva, se suprimía el control sobre la concesión de ayuda o
subvención, que no se residenciaba ni en la Consejería, que se
limitaba a controlar una transferencia de financiación, ni en IFA-IDEA,
que controlaba una orden de pago de la propia consejería, sin que se
examinase en ningún caso el expediente que debía soportar la
concesión.
Por último, el empleo de este instituto como entidad colaboradora


resultaba del todo inadecuado en los casos de subvenciones
excepcionales, como lo eran la mayoría de las que se concedían a
empresas a través de este “procedimiento específico”, en la medida en
que tal intervención estaba condicionada a que en las bases de la
subvención se identificase a IFA-IDEA como entidad colaboradora,
conforme al Art. 117 del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, siendo así que en las
subvenciones excepcionales no concurrían estas bases.
Además, se otorgó, por la vía de hecho, al Director General de Trabajo
de la Junta de Andalucía la competencia para acordar sobre la
concesión de ayudas y subvenciones, pese a no ser este cargo
competente para su concesión , al menos hasta que se dictó la Orden
de 3 de marzo de 2010 de delegación en el Director General de
Trabajo de la facultad de conceder subvenciones.
Por último, la ausencia de procedimiento culminó con la omisión de la
obligación de registrar las subvenciones y ayudas en la base de datos
establecida al efecto; con la omisión del deber de publicar la concesión
en el Diario Oficial de la Comunidad Europea; y con la omisión del de
realizar un informe anual sobre las ayudas para su remisión a la
Comisión Europea.
Esta exclusión del registro en las correspondientes bases de datos
situaba a las ayudas y subvenciones concedidas en un ámbito de total
opacidad, privando de la posibilidad de un ulterior control, posterior al
propio otorgamiento y por vía del examen de las que pudiesen haberse
obtenido mediante el muestreo de las subvenciones registradas en las
bases de datos.
SEGUNDO.
En la aplicación de este mecanismo se operó de distinto
modo a lo largo del tiempo. Así, hasta el 18 de abril de 2000, las
ayudas se concedían a través del programa 22E, denominado
“Administración de Relaciones Laborales”, que vino a denominarse
Programa 31L a partir del año 2002, y que se articulaba sobre dos
partidas: la 472, denominada “Transferencia a empresas privadas en
materia de relaciones laborales. Acciones que generen empleo” y la
481, denominada “Transferencia a familias e instituciones sin fines de
lucro”.
El 18 de abril de 2000 se produce un cambio sustancial, pues se


comenzó a aplicar el programa 22E a través de una nueva partida, la
440.01 “Transferencia al IFA en materia de relaciones laborales”, la
cual no existía en el presupuesto de la Consejería de Empleo para ese
ejercicio y se creó ex profeso, operando una modificación
presupuestaria en virtud de la cual se redujeron las partidas 472 y 486,
denominada “Transferencias corrientes a familias e instituciones sin
fines de lucro. Acciones que generen empleo”, para transferir fondos a
la partida 440.01, de modo que la primera de las partidas de origen
experimentó una reducción del 11% y la segunda del 86%.
Posteriormente, en el ejercicio 2001, se procedería de igual modo,
afectando a aquellas partidas en un 21% y en un 94%
respectivamente.
El empleo de esta partida 440.01 como instrumento para el pago de
subvenciones era contraria a derecho, por cuanto la transferencia de
financiación estaba destinada, por la Ley 8/97 de 23 de diciembre, a
atender los gastos ordinarios de explotación de la empresa pública a la
que la misma fuese destinada, en este caso IFA-IDEA, y no a la
concesión de ayudas a terceros.
Además, el empleo de esta transferencia de financiación con destino a
la partida 440.01, como medio de pago de ayudas o subvenciones a
empresas, conllevaba la supresión de su procedimiento ordinario de
concesión, así como su control previo, pues el tratamiento sería el
propio de un gasto para la cobertura de pérdidas de explotación de
una empresa pública y no el propio de una subvención o ayuda a
tercero, resultando mucho más estricto este segundo.
Este mecanismo de modificación presupuestaria fue utilizado
nuevamente el 28 de julio de 2000, y el 29 de mayo de 2001 y, como
en el primer caso, fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía. De igual manera se produjo modificación
presupuestaria el 7 de mayo de 2001 a propuesta del Consejero de
Empleo y aprobada por la Consejera de Hacienda.
TERCERO.
En una segunda fase, a partir del 17 de julio de 2001, se
actuó a través del denominado “Convenio Marco de colaboración entre
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y el Instituto de
Fomento de Andalucía para la materialización de ayudas en materia de
Trabajo y Seguridad Social”, firmado entre el Consejero de Empleo y el
Presidente de IFA-IDEA, a la sazón Viceconsejero de Empleo



Este convenio, del que destacaba la vaguedad de sus términos, tenía
por objeto la prestación de asistencia técnica permanente por parte de
IFA-IDEA a la Dirección General de Trabajo, coordinando sus
actuaciones y materializando las ayudas. A pesar de presentar este
objeto y pese a que tenía fijada una validez hasta el 31 de diciembre
de 2003, sólo sirvió como marco para los actos de disposición que se
vinieron realizando sobre la partida 440.01 del programa 31L, sin que
se diese otra actividad de asesoramiento o coordinación por parte de
IFA-IDEA, desplegando su eficacia desde su fecha hasta en 27 de abril
de 2010 en que se aprueba el sistema de encomienda de gestión.
Mediante este convenio, que no se sometió a informe ni por la
Intervención General de la Junta de Andalucía, ni por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía, se dio amparo a los actos en los que
IFA-IDEA operaba como mero pagador a terceros, recibiendo la
cantidad correspondiente a cargo de la partida 31L por medio de
transferencias de financiación destinadas a la partida 440.01 que pasó
a llamarse “Transferencia de Financiación al IFA”.
Así se mantenía el sistema de opacidad en la disposición sobre la
partida 31L, eludiendo el que debería haber sido su régimen normal de
aplicación, en los términos ya expuestos anteriormente, generando
una falta de control que permitía y favorecía los actos de disposición
discrecionales o arbitrarios sobre los fondos públicos por persona
carente de competencia para la concesión de ayudas o subvenciones.
CUARTO.
En una tercera fase, para el año 2010, propiciada por la
Instrucción de la Dirección General de Presupuestos 1/09 de 15 de
junio, se prescindió de la partida 440.01 “transferencia de Financiación
a IDEA”, sustituyéndola por las partidas 476.47 “Transferencias
corrientes a empresas privadas. Programas sociolaborales. Ayudas
sociales” y la 776.47 “Transferencias de Capital a empresas privadas.
Programas Sociolaborales. Ayudas sociales”.
Este cambio de partida para la disposición del programa 31L no
conllevó una modificación del régimen de funcionamiento, de modo
que IFA-IDEA continuó recibiendo los fondos provenientes de esa
partida, por cuenta del programa 31L, como si se tratase de
transferencia de financiación, a la par que siguió efectuando los pagos
a terceros por cuenta de la Consejería de Empleo, sin sujetar este


procedimiento al oportuno control de la Intervención.
El 27 de abril de 2010 una Orden de la Consejería de Empleo
formaliza el “Acuerdo de encomienda con la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía para la materialización de pagos de ayudas
excepcionales y sociolaborales a empresas situadas en Andalucía, con
dificultades económicas transitorias”.
Con este acuerdo se dejaba sin efecto, de modo definitivo, el convenio
marco de 17 de julio de 2001 y se encargaba, se encomendaba, a IFA-
IDEA el pago de las subvenciones concedidas por la Consejería de
Empleo. Esta encomienda, además, se acompañaba de la
consignación de los créditos con destino a las subvenciones en la
partida correcta y en la cuantía correspondiente, conforme al programa
31L.
A pesar de ello se persistió en el mantenimiento del sistema previo de
disposición sobre la partida 31L, con todas las irregularidades ya
señaladas, operando como si subsistiese el de transferencia de
financiación, hasta el dictado de la Orden de 1 de abril de 2011, por la
que se pone fin al “procedimiento específico”.
QUINTO.
Para la instauración y mantenimiento de este sistema fue
precisa la ejecución de diversos actos, esenciales algunos y
complementarios otros, sin los que no habría sido posible su puesta en
marcha y mantenimiento.
1º. Así, fue necesaria la aplicación, de modo indebido, del mecanismo
de modificación presupuestaria. Como ya se señaló anteriormente, las
primeras modificaciones presupuestarias se produjeron antes incluso
de la firma del convenio marco y fueron las de 18 de abril de 2000, la
de 28 de julio de 2000, y la de 29 de mayo de 2001, aprobadas por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, así como la de 7 de
mayo de 2001 a propuesta de la Consejería de Empleo y aprobada por
la Consejería de Hacienda.
A lo largo del periodo 2000-2010 se sucederían otras, hasta elevar el
total a veintidós modificaciones presupuestarias, de las que dieciséis
serían aprobadas por el Consejo de Gobierno y seis por la Consejería
de Economía y Hacienda


Estas modificaciones operaron fundamentalmente sobre las partidas
vinculadas al programa 22E, Programa 31L a partir del año 2002, es
decir, sobre las partidas 472, “Transferencia a empresas privadas en
materia de relaciones laborales. Acciones que generen empleo” y 481,
“Transferencia a familias e instituciones sin fines de lucro” y, en menor
medida, sobre otros programas de la Consejería de Empleo, como el
32A, 32D y 32H.
El destino de estas modificaciones fue, en esencia, el incremento de la
partida 440 “Transferencia al IFA en materia de relaciones laborales”,
más tarde denominada “Transferencia de Financiación al IFA”,
resultando que en veinte ocasiones las mismas tuvieron por objeto
atender un fin concreto, como era el de las ayudas sociolaborales y a
empresas, sin que en ningún caso tuviesen por objeto el propio de
esta transferencia de financiación, esto es, equilibrar la cuenta de
pérdidas y ganancias de IFA-IDEA. De este modo se recabaron los
fondos con los que se nutría el “procedimiento específico”, permitiendo
su empleo para subvenciones y ayudas eludiendo su régimen propio
de concesión, dando ocasión a que se pudiesen conceder de manera
discrecional o arbitraria y por persona carente de competencia para
ello.
Estas modificaciones presupuestarias fueron aprobadas por el
Consejo de Gobierno y por la Consejería de Economía y Hacienda,
como ya se ha señalado, tras haber sido tramitadas por la Dirección
General de Presupuestos a propuesta de la Consejería de Empleo a
través de su Secretaría General Técnica.
Las fechas y cuantías de estas modificaciones fueron las siguientes:
1ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de abril de 2000 y por
importe de 1.544.601 euros, sobre el programa 22E.
2ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000 y por
importe de 5.433.149 euros, sobre el programa 22E.
3ª. Por acuerdo de la Consejería de Economía y Hacienda de 7 de
mayo de 2001 y por importe de 3.005.061 euros, sobre el programa
22E.
4ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2001 y por



importe de 33.494.405 euros.
5ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de septiembre de 2001
y por importe de 7.362.398 euros, sobre el programa 22E.
6ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de noviembre de 2001
y por importe de 3.966.680 euros, sobre el programa 22E.
7ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2001
y por importe de 38.194.319 euros.
8ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de octubre de 2002 y
por importe de 19.833.399,96 euros.
9ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de octubre de 2002 y
por importe de 2.419.804,21 euros, sobre el programa 31L.
10ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de octubre de 2002 y
por importe de 3.386.017 euros, sobre el programa 32D.
11ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de octubre de 2002 y
por importe de 6.407.000 euros.
12ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de octubre de 2002 y
por importe de 151.082 euros, sobre el programa 31L.
13ª. Por acuerdo del Consejería de Hacienda de 18 de marzo de 2004
se minora el programa 31L por importe de 3.674.120 euros con
destino a financiar Relación de Puestos de Trabajo de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo.
14ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de diciembre de 2005
y por importe de 799.895,97 euros, sobre el programa 31L.
15ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de noviembre de 2006
y por importe de 9.300.000 euros, sobre el programa 32A.
16ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de
2007 y por importe de 7.448.503,44 euros, sobre el programa 32A.
17ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2008



y por importe de 439.650,99 euros, sobre el programa 32H.
18ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2008
y por importe de 814.202,90 euros, sobre el programa 32H.
19ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2008
y por importe de 6.011.836 euros.
20ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2008
y por importe de 8.000.000 de euros.
21ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de diciembre de 2009
y por importe de 300.000 euros, sobre el programa 32A.
22ª. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de
2010 y por importe de 10.000.000 de euros.
2º. También fue necesario llevar a cabo manipulaciones en los
presupuestos de la Comunidad y en los de IFA-IDEA. En efecto,
durante los ejercicios 2000 y 2001 la partida 440 aparecía
desvinculada del programa 22E-31L, situación que se modificó para el
ejercicio 2002, para el cual la Ley 14/01 de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma Andaluza vinculó esta partida de modo directo
al programa 31L.
Para lograr esa incorrecta vinculación de la partida 440 con el
programa 31L se impulsó desde la propia Consejería de Empleo un
anteproyecto de presupuestos inadecuado, en el que se valía de esa
partida de transferencias de financiación hacia IFA-IDEA para la
disposición de cantidades destinadas, en principio, a la concesión de
subvenciones y ayudas sociolaborales, de manera que se tramitaban
como transferencias de financiación lo que debía tramitarse como
expedientes de gasto de subvenciones excepcionales, con
postergación de su régimen correcto de control y concesión .
Este anteproyecto de la Consejería de Empleo era remitido a la
Consejería de Hacienda que, junto con los procedentes de las demás
consejerías, elaboraba el anteproyecto de presupuestos que se
pasaba al Consejo de Gobierno para que lo aprobase como proyecto
de ley de presupuestos, tras lo cual se presentaba al Parlamento de
Andalucía para su debate y aprobación.


Una vez aprobada esta inadecuada vinculación en la ley 14/01, la
manipulación se mantendría en los sucesivos presupuestos de la
Comunidad hasta el ejercicio 2010, como ya se adelantó.
Para poder aplicar, vía presupuestos, el programa 31L a través de la
partida 440 de transferencia de financiación, desde la consejería titular
se manipuló el presupuesto de IFA-IDEA, de modo que se elevó de
manera desorbitaba, y año tras año, la partida de “Otros gastos de
explotación” para dar cabida a las transferencias que se
presupuestaban por cuenta del programa 31L. Se hizo así para poder
cuadrar su presupuesto de explotación, ya que de no hacerlo, de no
aumentar su partida de “Otros gastos de explotación”, su presupuesto
de explotación habría arrojado un elevado beneficio, lo cual habría
impedido que la Consejería de Empleo reflejase en su anteproyecto de
presupuestos, como gasto, la transferencia de financiación en favor de
IFA-IDEA que, por aparecer con aquellos beneficios, no podría ser
acreedora a estas transferencias.
Superada la fase de presupuestos, la cantidad recibida vía
Transferencia de Financiación con destino a las ayudas o
subvenciones acordadas por la Consejería de Empleo, se trataba por
las cuentas del IFA-IDEA como una mera operación de tesorería, que
era lo que verdaderamente constituía, y no como un gasto de
explotación, pese a haber sido presupuestada en estos términos.
Con esta maniobra, la cantidad destinada a subvenciones se mantenía
en los anteproyectos de presupuestos de la Consejería de Empleo
como gasto y recibía el mismo tratamiento en los del IFA-IDEA,
lográndose así encubrir la concesión de subvenciones a través de esta
vía y, por ende, eludir el normal procedimiento de control y concesión
de la subvención.
Este criterio se mantuvo desde el ejercicio 2002, pese a que, año tras
año, al redactarse por la consejería de Empleo y por la de Hacienda
los anteproyectos de presupuestos, se constataba que en el ejercicio
anterior la partida de “Otros gastos de explotación” presentaba un
índice de ejecución medio del 20%, que en el ejercicio en curso el
índice medio venía siendo el mismo y que, a pesar de ello, para el
ejercicio siguiente se seguía proyectando la partida con la misma
holgura injustificada



3º. Una vez que se contaba con el instrumento para transferir los
fondos desde la Consejería de Empleo al IFA-IDEA, era necesario
establecer el mecanismo para disponer de ellos en favor de terceros,
de modo que el instituto operase como pagador a requerimiento de la
Dirección General de Trabajo. El medio empleado fueron los convenios
entre la Consejería de Empleo o su Dirección General de Trabajo e
IFA-IDEA.
Entre estos convenios destaca el convenio marco de 2001, del que ya
se ha hablado, que se firmó entre la Consejería de Empleo y el
Instituto y en el que se identificaba como competente para otorgar
ayudas y subvenciones al Director General de Trabajo, cuando este
cargo carecía de competencias para ello.
Junto a aquél se encontraban los convenios particulares, que eran
firmados por la Dirección General de Trabajo y el IFA-IDEA en relación
a cada de una de las empresas o personas a las que se iba a
beneficiar con fondos públicos. Al igual que en el caso del convenio
marco, los particulares adolecían de una muy escasa fundamentación,
no se sometieron a informe ni por la Intervención General de la Junta
de Andalucía ni por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, y en
ocasiones se limitaban a señalar la empresa o colectivo beneficiado y
la cantidad a recibir.
Estos convenios eran firmados por el Director General de Trabajo y por
el Director o el presidente de IFA-IDEA, tras lo cual debían ser
sometidos, en su caso y por razón de la cuantía, a ratificación por el
Consejo Rector de este instituto o del propio Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía. Estas sesiones del Consejo Rector venían
precedidas de la entrega de un orden del día, en el que se hacía
referencia a los convenios a ratificar, de los que el presidente o el
director del IFA-IDEA daba sucinta cuenta en las reuniones del
Consejo.
Además, para eludir esta dación de cuentas y, en su caso, aprobación
por el Consejo Rector o por el Consejo de Gobierno, previo paso por la
comisión general de viceconsejeros, en los supuestos de ayudas
sociolaborales, se instauró en el año 2003 el criterio de considerar que
su importe debía fijarse en atención a la suma otorgada a cada
trabajador y no de la cuantía total concedida por cada empresa, de



modo que se evitaba presentar ante el Consejo Rector los convenios
relativos a estas ayudas, pese a que el compromiso económico que se
derivaba de ellas superase los 450.000 euros y, por ende, debiese ser
aprobado por dicho órgano.
Mediante la aplicación de este sistema se desconectaba el expediente
de concesión de la ayuda o subvención, caso de existir, del propio
procedimiento de pago, en tanto en cuanto el primero se residenciaba
en la Dirección General de Trabajo, de modo que desde IFA-IDEA no
se tomaba conocimiento ni se realizaba control alguno sobre él, pese a
que el pago a tercero se verificaba desde este instituto y no desde la
Dirección General de Trabajo o de la Consejería de Empleo a través
de la Consejería de Hacienda.
La consecuencia de esta desconexión era la falta de control sobre los
fondos públicos destinados a subvenciones o ayudas, por cuanto la
Intervención Delegada de la Junta de Andalucía en la Consejería de
Empleo no controlaba más que una transferencia de financiación, es
decir, se limitaba a la comprobación de la existencia de saldo
suficiente dentro del concepto presupuestario específico para tal fin, la
emisión de la orden de traspaso hacia IFA-IDEA, y que todo ello se
verificase conforme a un calendario de pagos autorizado por la
Dirección General de Tesorería, sin entrar a supervisar el expediente
de subvención o ayuda, pues no se le presentaba como tal el acto de
disposición de fondos hacia IFA-IDEA. Por su parte, el Control
Financiero Permanente, al que estaba sometido este instituto, se
limitaba a controlar que la operación estuviese correctamente
contabilizada en las cuentas del Instituto, como así era, y que
concurriese base para el pago, entendiendo por tal el convenio
particular, sin comprobar el expediente que sustentaba éste, que
quedaba en el ámbito de la Dirección General de Trabajo y que, a
efectos del instituto, no era la causa del pago verificado en favor de
tercero como ayuda o subvención. Se generaba así un hueco en el
sistema de control de los fondos públicos que resultaba idóneo para
amparar actos de disposición discrecionales, o incluso arbitrarios.
4º. Por último, para el mantenimiento de este sistema en el tiempo,
fue preciso que se omitiesen los deberes de vigilancia y, en su caso,
los de reacción ante la situación generada.
En efecto, el sistema instaurado en el año 2000 no podía mantenerse


en el tiempo si no era bajo dos condiciones. La primera, que se le
siguiese dotando, de manera irregular, de los fondos públicos precisos
para su discrecional, o arbitraria, distribución. La segunda, que se
dejase de atender a los avisos de irregularidad sobre el sistema y, por
ende, que se dejasen de adoptar, se omitiesen, las medidas
necesarias para terminar con él.
Constando ya expuesta la primera de las condiciones, nos
centraremos ahora en la segunda, destacando que, si bien desde
ejercicios anteriores se venía señalando por la Intervención General de
la Junta de Andalucía el “uso inadecuado de las transferencias de
financiación”, con fecha 25 de julio de 2005 se emitió por la
Intervención General de la Junta de Andalucía un “Informe adicional al
informe definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio 2003” en el
que se concluía, entre otras cosas, que se estaba prescindiendo de
manera total y absoluta del procedimiento establecido en el Art. 107 de
la Ley 5/83 General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la concesión de subvenciones. Este
informe de 2005 venía precedido de un examen, por el Servicio de
Fiscalización de la Intervención, de una pequeña muestra de los
“expedientes” que soportaban la concesión de las ayudas o
subvenciones, con el resultado de entender que no se cumplían los
presupuestos para la concesión, hecho que se ponía de manifiesto en
ese informe.
Además, centraba su atención en que el cambio de procedimiento
administrativo para la gestión de estas cantidades trascendía a
aspectos tan esenciales como el régimen de fiscalización, justificación
de la actuación y pago; indicando el diferente trato aplicable a los
casos de transferencia, más laxo que el propio de la subvención, a los
efectos de control tanto de la concesión, como del ulterior destino de
las cantidades recibidas, en la medida en que el primero conllevaba
una mera operación entre organismos de la Administración y el
segundo conllevaba salida de fondos públicos hacia tercero, lo que
justificaba un mayor control en este caso.
Desde este momento, visto el tenor del informe, resultaba ineludible la
adopción de medidas tendentes a poner fin a la práctica instaurada en
el año 2000, a pesar de lo cual no se produjo cambio alguno, tal como
se expondrá a continuación.



En fechas posteriores se produjeron nuevos avisos por parte de la
Intervención General de la Junta de Andalucía. Así en septiembre de
2006, el informe definitivo de auditoría de cumplimiento
correspondiente al ejercicio 2004, advirtió de que las ayudas “han
carecido de la tramitación que la normativa impone”; en marzo de
2007, en el informe definitivo de auditoría de cumplimiento
correspondiente al ejercicio 2005, se advertía de que la financiación a
IFA-IDEA para estos pagos no debió realizarse a través de
transferencias de financiación, así como que tampoco cabía emplear
este instituto como entidad colaboradora a estos efectos; en diciembre
de 2007, en el informe definitivo de auditoría de cumplimiento
correspondiente al ejercicio 2006, se reiteran estas advertencias; en
octubre de 2008, el informe definitivo de las cuentas anuales de IFA-
IDEA del ejercicio 2006, señalaba que las transferencias de
financiación no eran instrumento adecuado para la concesión de
ayudas excepcionales.
Estas conclusiones fueron reiteradas en los denominados “informes
trimestrales de seguimiento” que se elaboraban por la Intervención
general de la Junta de Andalucía en el marco del control financiero
permanente al que estaba sujeto IFA-IDEA desde el año 2005.
En distintos términos, pero también de alerta en relación al sistema
instaurado y a la situación financiera del instituto, como consecuencia
de los compromisos asumidos vía convenios que no contaban con
suficiencia de crédito presupuestario, se encontraban los informes de
auditoría de las cuentas de IFA-IDEA realizados por la entidad Price-
Waterhouse de los ejercicios de 2003, presentado en julio de 2004; de
2004, presentado en junio de 2005; de 2005, presentado en octubre
de 2006; de 2006, presentado en junio de 2007; de 2007, presentado
en julio de 2008; de 2008, presentado en septiembre de 2009.
En estos informes, en ocasiones, se encontraban salvedades en
relación a estos compromisos económicos y, en otras, se obviaba tal
salvedad mediante la asunción por parte de la Consejería de Empleo,
a través de documento, de la obligación de cubrir el desfase
detectado, que en el año 2007, respecto del ejercicio 2006, se puso de
manifiesto con un importe de 58 millones de euros, generado por las
obligaciones contraídas por el Director General de Trabajo sin crédito
suficiente para respaldarlas. Así mismo, en el año 2008, en el seno de
la Dirección General de Trabajo, se tuvo conocimiento del empleo de
10

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